SOBERANÍA POPULAR: ¿domocracía inducida?
Con Evo Morales Ayma, sindicalista, cocalero, paseándose por palacio quemado, igual que Villarroel, Belzu o Barrientos, personajes populistas de dácadas atrás, el ejercicio de la Soberania Popular es todavia incipiente. El gobierno actual desde el inicio de su mandato ha buscado ser in vox populi. No obstante, tras dos meses de gobierno masista, es notoria la carencia -mal congénito de nuestra democracia- de un proyecto nacional, sutentado -sobre todo- en la lógica del derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. Ni oposición -que busca el ejercicio de la titularidad- ni oficialismo, han definido una política clara respecto a la defensa-vigencia-establecimiento, de un derecho fundamental, como es el derecho al esfuerzo humano (trabajo). En este momento de profunda crisis económica, es urgente diseñar estrategias coherentes y sotenibles, para la generación de espacios de trabajo para miles de bolivianos. Una traba, que habrá de despejar el gobierno de Evo Morales, es sustituir el modelo 21060, vigente desde el regreso a la democracia, por una nueva, en la que se contemple nítidamente el goce y seguridad del derecho al trabajo, fuente de otros derechos inapelables: pan, vivienda, vestimenta, salud, educación, medio ambiente...en suma, hablamos de vida digna para todos; acceso en igualdad de condiciones a este derecho fundamental, primario, es reponsabilidad de los poderes establecidos en el país y sus instituciones.
Una de las causas para la postergación de este derecho, sin duda, ha sido la falta de una democracia sólida e incluyente. Desde la vuelta a la democracia en la década de los ochenta, tras una honda crisis estatal, inestabilidad política, golpes y dictaduras militares, el proceso democrático boliviano, nació como una democracia inducida. Las diferencias entre matices, máscaras y rostros de esa democracia fueron mínimas. La realidad de país sumido en la pobreza, la corrupción, el prebendalismo, la poliarquía política, no sufrió transformación alguna. Tuvimos una democracia de baja intensidad, que requería una mano autoritaria e injerente para la transición, con Victor Paz Estenssoro; siguió una democracia restringida, que exigia límites no sólo a las demandas económicas, sino también participativas, con Jaime Paz Zamora; vino luego una democracia de fachada, que ofrecía legalidad de los derechos democráticos, pero incapacidad para resolverlos, con Hugo Banzer Suares y Jorge Quiroga Ramirez; y finalmente, una democracia tutelada, que requería un poder externo que proteja y administre la constitución de la misma, con Gonzalo Sanchez de Lozada, Carlos Meza y Eduardo Ridriguez Veltzé. A partir de diciembre de 2005, está en vigencia (por el momento) una democracia de la soberanía popular, que también requiere de una mano foránea (Hugo Chavez, Fidel Castro y otros gobiernos de discurso antineoliberal, pero con prácticas políticas capitalista serias) para sostener un sistema democrático débil.
Estas caras de la democracia, se derrumban y deforman, transparentadas por sus debilidades, debido a la evidencia notoria de la miseria y pobreza crecientes, junto a la ajenidad y lejanía, que el pueblo tiene respecto a procesos insituyentes que marcan el sendero de su desarrollo.
Naturalmente, el peligro inminente de una democracia de la soberanía popular, como la que pretende el Movimiento al Socialismo, es que transforme los procesos instituyentes, como el Referendum Autonómico y Asamblea Constituyente, en una visión meramente sectorial, sindical, corporativista.
Una sociedad en la que quepan todos (Franz Hinkelammert) no puede construirse en base a intromisión ajena ni visiones particulares de grupos o élites, sean estas oligárquicas o movimientos sociales, sino desde una visión de conjunto, intercultural, de inclusión de todas las voces, disidentes y coincidentes, que quieren construir un país con justicia e igualdad, nacida de la praxis y no de meros discursos ideológicos.
Iván Castro Aruzamen
Con Evo Morales Ayma, sindicalista, cocalero, paseándose por palacio quemado, igual que Villarroel, Belzu o Barrientos, personajes populistas de dácadas atrás, el ejercicio de la Soberania Popular es todavia incipiente. El gobierno actual desde el inicio de su mandato ha buscado ser in vox populi. No obstante, tras dos meses de gobierno masista, es notoria la carencia -mal congénito de nuestra democracia- de un proyecto nacional, sutentado -sobre todo- en la lógica del derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. Ni oposición -que busca el ejercicio de la titularidad- ni oficialismo, han definido una política clara respecto a la defensa-vigencia-establecimiento, de un derecho fundamental, como es el derecho al esfuerzo humano (trabajo). En este momento de profunda crisis económica, es urgente diseñar estrategias coherentes y sotenibles, para la generación de espacios de trabajo para miles de bolivianos. Una traba, que habrá de despejar el gobierno de Evo Morales, es sustituir el modelo 21060, vigente desde el regreso a la democracia, por una nueva, en la que se contemple nítidamente el goce y seguridad del derecho al trabajo, fuente de otros derechos inapelables: pan, vivienda, vestimenta, salud, educación, medio ambiente...en suma, hablamos de vida digna para todos; acceso en igualdad de condiciones a este derecho fundamental, primario, es reponsabilidad de los poderes establecidos en el país y sus instituciones.
Una de las causas para la postergación de este derecho, sin duda, ha sido la falta de una democracia sólida e incluyente. Desde la vuelta a la democracia en la década de los ochenta, tras una honda crisis estatal, inestabilidad política, golpes y dictaduras militares, el proceso democrático boliviano, nació como una democracia inducida. Las diferencias entre matices, máscaras y rostros de esa democracia fueron mínimas. La realidad de país sumido en la pobreza, la corrupción, el prebendalismo, la poliarquía política, no sufrió transformación alguna. Tuvimos una democracia de baja intensidad, que requería una mano autoritaria e injerente para la transición, con Victor Paz Estenssoro; siguió una democracia restringida, que exigia límites no sólo a las demandas económicas, sino también participativas, con Jaime Paz Zamora; vino luego una democracia de fachada, que ofrecía legalidad de los derechos democráticos, pero incapacidad para resolverlos, con Hugo Banzer Suares y Jorge Quiroga Ramirez; y finalmente, una democracia tutelada, que requería un poder externo que proteja y administre la constitución de la misma, con Gonzalo Sanchez de Lozada, Carlos Meza y Eduardo Ridriguez Veltzé. A partir de diciembre de 2005, está en vigencia (por el momento) una democracia de la soberanía popular, que también requiere de una mano foránea (Hugo Chavez, Fidel Castro y otros gobiernos de discurso antineoliberal, pero con prácticas políticas capitalista serias) para sostener un sistema democrático débil.
Estas caras de la democracia, se derrumban y deforman, transparentadas por sus debilidades, debido a la evidencia notoria de la miseria y pobreza crecientes, junto a la ajenidad y lejanía, que el pueblo tiene respecto a procesos insituyentes que marcan el sendero de su desarrollo.
Naturalmente, el peligro inminente de una democracia de la soberanía popular, como la que pretende el Movimiento al Socialismo, es que transforme los procesos instituyentes, como el Referendum Autonómico y Asamblea Constituyente, en una visión meramente sectorial, sindical, corporativista.
Una sociedad en la que quepan todos (Franz Hinkelammert) no puede construirse en base a intromisión ajena ni visiones particulares de grupos o élites, sean estas oligárquicas o movimientos sociales, sino desde una visión de conjunto, intercultural, de inclusión de todas las voces, disidentes y coincidentes, que quieren construir un país con justicia e igualdad, nacida de la praxis y no de meros discursos ideológicos.
Iván Castro Aruzamen
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