CULTURA POLÍTICA MADURA
El masismo no deja de lavarse la boca con el discurso de la tan mentada revolución “cultural y política”; hablan hasta el empacho, del advenimiento de la sociedad del siglo XXI impregnada de igualdad, pero con una casta de privilegiados; pero no dicen nada, sobre el instrumento político que enarbolan, muy pronto convertido en instrumento, de persecución criminal, tan nocivo para los “derechos fundamentales”, como cualquier régimen vertical, con unas luchas intestinas por detentar el poder absoluto.
García Linera, con todo su fervor terrorista-marxistoide, sueña con un hombre nuevo –capaz de los más variados oficios, sin necesidad alguna de especialización–; empero, seguramente, jamás le habrá cruzado por la cabeza, que alguien pudiera trepar, haciendo caso omiso de su canas de mandamás, hasta la cúspide de la administración del Estado, proxeneta de la calaña del destituido superintendente de microempresas; es más, de ahora en adelante, podemos pensar los bolivianos, con la libertad que nos asiste el derecho, si personajes novelescos, como fue el caso Ramírez, de carne y hueso, pululan en las instituciones públicas, nada raro fuera que en esa maraña de adeptos y lamebotas masistas, los hubiera ostentando el poder conferido por el pueblo, en alguna superintendencia, embajada, ministerio, dirección de alguna repartición: pedófilos, gerontofílicos, necrófilicos, zoofílicos, etc.; cada vez más se hace necesario, que los servidores públicos (incluidos políticos de todas las raleas) se sometan a un test de aptitudes psicológicas; y vaya uno a saber, las oscuras intenciones, socapadas, que llevan dentro muchos parlamentarios del MAS así como de PODEMOS o los MSM.
Con toda una maquinaria corrupta, injertada en las estructuras estatales, no parece sencillo salivarse la boca con afirmaciones sensibles, por ejemplo, la promesa de “erradicación de la corrupción” o “cambio estructural”, necesarias ambas para construir una sociedad más justa, pero ideologizadas al punto que lo hace el MAS, sólo buscan el ensanchamiento del “clientelismo y corporativismo”, el único juego rentable, políticamente, del actual gobierno; realidad e ideología, son dos dimensiones, completamente ajenas, porque sencillamente, toda ideología acaba por ontologizar los fenómenos de la realidad, arrancándolos de su contexto; y la auténtica democracia no es factible sin una sociedad civil estructurada y sin una política integradora; asimismo, supone un marco institucional capaz de permitir la expresión de formas novedosas que exigen el cumplimiento de la ley; una auténtica democracia, es, sobre todo, descentralizadora y no tiene posibilidad de sobre vivencia en medio de exclusiones raciales y morales, es decir, dignos e indignos o mestizos/indígenas.
El proyecto Ley Transitoria de Régimen Electoral, propuesta por la presidencia de la República, no contiene ningún tipo de proporcionalidad que respete a las minorías ni a las mayorías; si bien la democracia se sostiene en el principio de la mayoría, también es verdad que busca evitar a toda costa la salvaje tiranía (Cerco al parlamento) –las mas de la veces, contraria al derecho emergente de la dignidad del ser humano– de las mayorías; “la democracia” ofrece espacios de proporcionalidad a las minorías, de ahí que, por medio del sufragio universal, exprese la validez de todos los votos para que se acepte el derecho de todos en la adopción de las decisiones públicas; en su afrenta a la democracia, el MAS, quiere hundir, contra viento y marea, las instituciones en las que su poder depredatorio, todavía es incipiente.
El nuevo rol de la sociedad civil, frente al ensimismamiento del poder que vive el masismo, implica, como nunca, la creación de “espacios de protesta pública”; toda manifestación de descontento civil, ahora, con más fuerza que antes, debe estar enmarcada en los límites que nos permite la democracia y, sobre todo, dirigida a atentar contra la normatividad específica, aquella, hecha a medida del gobierno y sus intereses; la protesta civil de la sociedad, debe señalar qué ley no fue cumplida o violada por quién tiene la obligación de hacerlo, es decir, por quienes ostentan el poder; en otras palabras, “la acción contestaría de los sectores disconformes, tiene que estas encaminada a cambiar o frenar leyes lesivas para las mayorías o las minorías”.
Oponerse a la legalidad autoritaria del Gobierno es una actitud de cultura política madura.
Iván Castro Aruzamen
Teólogo y filósofo
Profesor de derechos humanos
El masismo no deja de lavarse la boca con el discurso de la tan mentada revolución “cultural y política”; hablan hasta el empacho, del advenimiento de la sociedad del siglo XXI impregnada de igualdad, pero con una casta de privilegiados; pero no dicen nada, sobre el instrumento político que enarbolan, muy pronto convertido en instrumento, de persecución criminal, tan nocivo para los “derechos fundamentales”, como cualquier régimen vertical, con unas luchas intestinas por detentar el poder absoluto.
García Linera, con todo su fervor terrorista-marxistoide, sueña con un hombre nuevo –capaz de los más variados oficios, sin necesidad alguna de especialización–; empero, seguramente, jamás le habrá cruzado por la cabeza, que alguien pudiera trepar, haciendo caso omiso de su canas de mandamás, hasta la cúspide de la administración del Estado, proxeneta de la calaña del destituido superintendente de microempresas; es más, de ahora en adelante, podemos pensar los bolivianos, con la libertad que nos asiste el derecho, si personajes novelescos, como fue el caso Ramírez, de carne y hueso, pululan en las instituciones públicas, nada raro fuera que en esa maraña de adeptos y lamebotas masistas, los hubiera ostentando el poder conferido por el pueblo, en alguna superintendencia, embajada, ministerio, dirección de alguna repartición: pedófilos, gerontofílicos, necrófilicos, zoofílicos, etc.; cada vez más se hace necesario, que los servidores públicos (incluidos políticos de todas las raleas) se sometan a un test de aptitudes psicológicas; y vaya uno a saber, las oscuras intenciones, socapadas, que llevan dentro muchos parlamentarios del MAS así como de PODEMOS o los MSM.
Con toda una maquinaria corrupta, injertada en las estructuras estatales, no parece sencillo salivarse la boca con afirmaciones sensibles, por ejemplo, la promesa de “erradicación de la corrupción” o “cambio estructural”, necesarias ambas para construir una sociedad más justa, pero ideologizadas al punto que lo hace el MAS, sólo buscan el ensanchamiento del “clientelismo y corporativismo”, el único juego rentable, políticamente, del actual gobierno; realidad e ideología, son dos dimensiones, completamente ajenas, porque sencillamente, toda ideología acaba por ontologizar los fenómenos de la realidad, arrancándolos de su contexto; y la auténtica democracia no es factible sin una sociedad civil estructurada y sin una política integradora; asimismo, supone un marco institucional capaz de permitir la expresión de formas novedosas que exigen el cumplimiento de la ley; una auténtica democracia, es, sobre todo, descentralizadora y no tiene posibilidad de sobre vivencia en medio de exclusiones raciales y morales, es decir, dignos e indignos o mestizos/indígenas.
El proyecto Ley Transitoria de Régimen Electoral, propuesta por la presidencia de la República, no contiene ningún tipo de proporcionalidad que respete a las minorías ni a las mayorías; si bien la democracia se sostiene en el principio de la mayoría, también es verdad que busca evitar a toda costa la salvaje tiranía (Cerco al parlamento) –las mas de la veces, contraria al derecho emergente de la dignidad del ser humano– de las mayorías; “la democracia” ofrece espacios de proporcionalidad a las minorías, de ahí que, por medio del sufragio universal, exprese la validez de todos los votos para que se acepte el derecho de todos en la adopción de las decisiones públicas; en su afrenta a la democracia, el MAS, quiere hundir, contra viento y marea, las instituciones en las que su poder depredatorio, todavía es incipiente.
El nuevo rol de la sociedad civil, frente al ensimismamiento del poder que vive el masismo, implica, como nunca, la creación de “espacios de protesta pública”; toda manifestación de descontento civil, ahora, con más fuerza que antes, debe estar enmarcada en los límites que nos permite la democracia y, sobre todo, dirigida a atentar contra la normatividad específica, aquella, hecha a medida del gobierno y sus intereses; la protesta civil de la sociedad, debe señalar qué ley no fue cumplida o violada por quién tiene la obligación de hacerlo, es decir, por quienes ostentan el poder; en otras palabras, “la acción contestaría de los sectores disconformes, tiene que estas encaminada a cambiar o frenar leyes lesivas para las mayorías o las minorías”.
Oponerse a la legalidad autoritaria del Gobierno es una actitud de cultura política madura.
Iván Castro Aruzamen
Teólogo y filósofo
Profesor de derechos humanos
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