EL ESTADO Y LOS NUEVOS OLIGOS
Bolivia puede parecer a quien la mira globalmente desde el exterior o desde adentro, un país donde la vida propiamente política está reducida al mínimo. Es un hecho innegable, la reducción, y el continuo cercenamiento de las formas corrientes en que se expresa la función política: por ejemplo, las últimas consultas y la malograda asamblea constituyente, ha demostrado que no existen elecciones democráticas o si se perorata de su existencia es sólo de forma; no existe pluralismo partidario porque se va instaurando la lógica del partido único; los líderes regionales, van perdiendo terreno porque el gobierno los ha metido en la espiral de la violencia, y allí llevan todas las de perder; no existe un parlamento que controle al poder ejecutivo, más una oposición casi invisible moviéndose a tientas; el estado de sitio tiende a extenderse hacia todos los departamentos opositores, con el único y solo fin de impedir cualquier tipo de reuniones o actividad política contraria al proceso masista; todo nos demuestra que estamos ante una forma de política clásica, despectivamente conocida como “politiquería”, execrada ésta en su momento por el actual líder cocalero y Presidente Evo Morales.
No podemos pasar por alto, en este estado actual de las cosas, la total y absoluta falta de “conciencia política” de una masa que actúa bajo la bandera de movimientos sociales, y que poco a poco han ido dando a luz a la nueva oligarquía indígena-dirigencial, vinculada territorialmente a la producción ilícita de substancias controladas; ahora bien, esta enorme proporción de población está desprovista de los medios más elementales para juzgar entre sistemas o planes políticos. Ese 64% de hecho es la base politizada que la nueva oligarquía maneja a su antojo, en razón de la incapacidad de la misma para juzgar el bien común.
No es extraño que el proyecto político del MAS desde el inició de su ascensión al gobierno, haya buscado la supresión de la legalidad; la política que se esconde detrás de todas estas acciones, está abarrotada de medios ortodoxos de conservación del poder, entre ellos los métodos del terror y el miedo; por supuesto que las consecuencias de esta práctica es la consiguiente hipertrofia y exageración de la función política, y toda hipertrofia de la política es esencialmente oligárquica.
Lentamente esta nueva oligarquía indígena del poder ejecutivo, cuyos rostros están muy lejos del denominativo, se van convirtiendo en ser lo que ya son, frente a las masas de octubre, es decir, “oligos”, escasos, débiles numéricamente, herodianos, los toreros del pueblo, y que sólo pueden sobrevivir en el poder aliándose a la fuerza exterior (Venezuela, Cuba, Irán); esta es la prueba clara de la continuidad del subdesarrollo político, un problema endémico desde la creación de la República.
Es evidente que el esquema centralizador que subyace al proyecto político de los nuevos oligos indígenas, está caracterizada por la ruptura del orden legal establecido. Ello no es fortuito, pues es el primer paso de toda pretendida revolución; pero esta no es razón para que el totalitarismo político del MAS condicione el desarrollo de otros sectores de nuestra sociedad y frenar algún tipo de desarrollo democrático. La lógica de los perros hambrientos, ya muy conocida en la maniobra política del gobierno, permite cercar el congreso, los departamentos o regiones donde se genera opiniones diferentes; tras la asfixia alimentaría que produce un cerco, no sólo salen afectados los opositores al estado, también los propios adeptos del MAS, e inmediatamente el aparato estatal recurre al trueque, al más genuino estilo andino, intercambiando alimentos por confianza y sometimiento; todo lo que pueda tener de propaganda y optimismo el proceder de un Estado benefactor como el que pretende llevar adelante el MAS, queda en primer lugar la paludina confesión de que la tan demagógicamente “democracia popular” en realidad no es más que una “dictadura narco-sindicalista” chapareña, y en segundo instancia, la posibilidad de que este totalitarismo, no sea mas que una etapa provisoria en la vida política del país, tras su hetacombe surga una Bolivia de la legalidad, los derechos humanos y la evolución política.
Iván Castro Aruzamen
Teólogo y filósofo
Profesor de Derechos Humanos
Bolivia puede parecer a quien la mira globalmente desde el exterior o desde adentro, un país donde la vida propiamente política está reducida al mínimo. Es un hecho innegable, la reducción, y el continuo cercenamiento de las formas corrientes en que se expresa la función política: por ejemplo, las últimas consultas y la malograda asamblea constituyente, ha demostrado que no existen elecciones democráticas o si se perorata de su existencia es sólo de forma; no existe pluralismo partidario porque se va instaurando la lógica del partido único; los líderes regionales, van perdiendo terreno porque el gobierno los ha metido en la espiral de la violencia, y allí llevan todas las de perder; no existe un parlamento que controle al poder ejecutivo, más una oposición casi invisible moviéndose a tientas; el estado de sitio tiende a extenderse hacia todos los departamentos opositores, con el único y solo fin de impedir cualquier tipo de reuniones o actividad política contraria al proceso masista; todo nos demuestra que estamos ante una forma de política clásica, despectivamente conocida como “politiquería”, execrada ésta en su momento por el actual líder cocalero y Presidente Evo Morales.
No podemos pasar por alto, en este estado actual de las cosas, la total y absoluta falta de “conciencia política” de una masa que actúa bajo la bandera de movimientos sociales, y que poco a poco han ido dando a luz a la nueva oligarquía indígena-dirigencial, vinculada territorialmente a la producción ilícita de substancias controladas; ahora bien, esta enorme proporción de población está desprovista de los medios más elementales para juzgar entre sistemas o planes políticos. Ese 64% de hecho es la base politizada que la nueva oligarquía maneja a su antojo, en razón de la incapacidad de la misma para juzgar el bien común.
No es extraño que el proyecto político del MAS desde el inició de su ascensión al gobierno, haya buscado la supresión de la legalidad; la política que se esconde detrás de todas estas acciones, está abarrotada de medios ortodoxos de conservación del poder, entre ellos los métodos del terror y el miedo; por supuesto que las consecuencias de esta práctica es la consiguiente hipertrofia y exageración de la función política, y toda hipertrofia de la política es esencialmente oligárquica.
Lentamente esta nueva oligarquía indígena del poder ejecutivo, cuyos rostros están muy lejos del denominativo, se van convirtiendo en ser lo que ya son, frente a las masas de octubre, es decir, “oligos”, escasos, débiles numéricamente, herodianos, los toreros del pueblo, y que sólo pueden sobrevivir en el poder aliándose a la fuerza exterior (Venezuela, Cuba, Irán); esta es la prueba clara de la continuidad del subdesarrollo político, un problema endémico desde la creación de la República.
Es evidente que el esquema centralizador que subyace al proyecto político de los nuevos oligos indígenas, está caracterizada por la ruptura del orden legal establecido. Ello no es fortuito, pues es el primer paso de toda pretendida revolución; pero esta no es razón para que el totalitarismo político del MAS condicione el desarrollo de otros sectores de nuestra sociedad y frenar algún tipo de desarrollo democrático. La lógica de los perros hambrientos, ya muy conocida en la maniobra política del gobierno, permite cercar el congreso, los departamentos o regiones donde se genera opiniones diferentes; tras la asfixia alimentaría que produce un cerco, no sólo salen afectados los opositores al estado, también los propios adeptos del MAS, e inmediatamente el aparato estatal recurre al trueque, al más genuino estilo andino, intercambiando alimentos por confianza y sometimiento; todo lo que pueda tener de propaganda y optimismo el proceder de un Estado benefactor como el que pretende llevar adelante el MAS, queda en primer lugar la paludina confesión de que la tan demagógicamente “democracia popular” en realidad no es más que una “dictadura narco-sindicalista” chapareña, y en segundo instancia, la posibilidad de que este totalitarismo, no sea mas que una etapa provisoria en la vida política del país, tras su hetacombe surga una Bolivia de la legalidad, los derechos humanos y la evolución política.
Iván Castro Aruzamen
Teólogo y filósofo
Profesor de Derechos Humanos
email: iaruzamen@hotmail.com
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